El Gobierno se resiste a tomar medidas para reducir los desalojos de viviendas con el objetivo de no crear problemas adicionales a la banca. FERNANDO BARCIELA tiempo@grupozeta.es
España, que batía hace tres o cuatro años todas las marcas europeas en construcción y venta de casas, lidera ahora las cifras de embargados y desahuciados por impago de la hipoteca. Después de superar en 2009 las 114.000 ejecuciones judiciales, se espera que esta cifra se acerque a las 120.000 en 2010, con lo que en dos años cerca de 250.000 familias han recibido una de las noticias más aciagas que podían esperar en su vida: la comunicación del embargo, ejecución y venta en subasta de su casa. Pese a que muchos han podido llegar a algún tipo de acuerdo con su banco y parar, al menos un tiempo, la implacable maquinaria que conduce al desahucio, buena parte de los ejecutados sí se han visto despojados de su vivienda. “Calculamos que casi la mitad de las familias ejecutadas se han quedado sin su vivienda”, asegura Elena Narváez, presidenta de la Asociación de Usuarios del Mercado Inmobiliario (Ausmin).
“Pese a que el ministro de Fomento siga diciendo que el problema no es tan grave –explica Pablo Matos, diputado del PP y portavoz de la Comisión de Vivienda del Congreso–, la situación es muy seria. Mientras que en 2004 hubo 14.000 ejecuciones, el año pasado la cifra se multiplicó de forma alarmante”.
España, que asombró al mundo con las cifras vertiginosas de su boom inmobiliario –precios multiplicados por cuatro en ocho años, más viviendas construidas que en Alemania, Francia y Reino Unido juntos–, vuelve a centrar ahora el interés de los medios internacionales por la pasividad de las distintas administraciones públicas para afrontar esta explosión de tragedias anónimas.
Se diría que 100.000 dramas al año no bastan para que el Gobierno central, los autonómicos y los dos grandes partidos políticos se decidan a paliar la devastación provocada por el derrumbe inmobiliario. La única medida legislativa aprobada, una moratoria en el pago de la hipoteca (en 2009), ha fracasado estrepitosamente. A pesar de que se asignaron 6.000 millones de euros para pagar el 50% de la cuota de amortización de los hipotecados que no pudieran hacerlo por perder su empleo, sólo hubo 12.000 operaciones, 72 millones de euros, poco más del 1%.
Según Matos, este fracaso se debe a que “se impusieron condiciones imposibles, como que no se hubiera impagado ninguna cuota, que se hubiera suscrito la hipoteca antes del 1 de septiembre de 2008 o que ésta no fuera de más de 170.000 euros, además de que los bancos tuvieran la última palabra sobre la concesión”. El diputado denuncia que el Congreso de los Diputados propuso al Gobierno cambiar las condiciones para hacer la moratoria accesible, pero éste “no ha hecho caso”. Tampoco las demás administraciones se han movido. Casi ninguna comunidad autónoma ha adoptado medidas de apoyo a las familias desahuciadas.
Desidia administrativa.
Aun cuando algunos partidos, asociaciones de consumidores y plataformas de apoyo llevan dos años pidiendo al Gobierno que acabe con una situación calificada de “abuso”, el Ejecutivo se ha negado a cambiar la normativa sobre ejecución hipotecaria, introduciendo por ejemplo la dación en pago, la posibilidad de que un propietario liquide su deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda, habitual en Estados Unidos pero también en muchos países de Europa. “Parece más que claro –prosigue Matos– que el Gobierno no tiene ganas de tocar este asunto”.
Algunos opinan que tiene razones para no hacerlo. “Una de ellas, y no la menor –asegura Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo de la Federación de Asociaciones de vecinos de Madrid (FRAM)–, es que no le quiere crear problemas a la banca española, ya debilitada por una crisis inmobiliaria que multiplicó las cifras de morosidad”. Según Moody’s, la banca española tendrá necesidad de recapitalizarse en cerca de 17.000 millones de euros, justo debido a las pérdidas provocadas por la crisis del ladrillo.
Todo ello explica que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista hayan ignorado las propuestas de otros partidos para regular la referida dación en pago u otras medidas similares. Tan fuerte es el deseo de no crear más problemas a la banca que hasta el Partido Popular, partidario de buscar soluciones, considera que éstas deben hacerse con tiento: “Si bien pensamos que es necesario modificar el actual sistema –subraya Matos– hay que hacerlo con cautela para no agravar la crisis financiera y la situación de los bancos”.
Entre tanto ha ido aumentando la percepción de que el actual modelo hipotecario ha creado un grado de indefensión tan alarmante que pocos dudan en tacharlo de “abusivo” o “desproporcionado”. Una situación que ha provocado tal asombro que ha generado ya varios artículos en la prensa internacional. A finales de octubre el New York Times publicó un comentario en el que su autor se mostraba asombrado de que “en España, los bancos se quedan con las casas, pero las deudas permanecen”.
Desde algunos sectores se ha querido quitar hierro al asunto, apuntando que el número de ejecuciones hipotecarias en España no es tan alto si lo comparamos con la cifra de foreclosures en EEUU. Sin embargo, mientras los desahuciados estadounidenses liquidan toda su deuda al devolver su vivienda al banco, los españoles, tras quedarse sin la vivienda por la que llevaban años pagando la hipoteca, siguen adeudando a los bancos decenas de miles de euros, que en muchos casos no podrán pagar en muchos años y que les pondrán en situación de ver parte de sus nóminas embargadas.
“Una vez que el banco saca el piso a subasta –explica Elena Narváez, de Ausmin– puede quedárselo por el 50% del valor tasado en el caso de que no lo venda, que es lo habitual ahora mismo”. Lo peor es que el banco no sólo seguirá requiriendo al deudor el pago de la diferencia entre ese 50% y la deuda viva del hipotecado, “sino que, un día, dentro de tres o cuatro años, cuando venda ese piso, que se está adjudicando por un precio tan bajo, por un valor más alto, ello no reducirá la deuda del hipotecado”, apunta la presidenta de Ausmin. Uno de estos casos es el de M.T.R.V., asociado a la Plataforma de Afectados de Murcia, que después de pedir un préstamo hipotecario por 205.000 euros, fue ejecutado por 211.123 euros más 33.360 euros en intereses de demora. Este propietario corre el riesgo de que su banco se quede con la vivienda por la mitad de la hipoteca, quedando todavía, después de la pérdida del piso, con una deuda ante su entidad por valor de 142.000 euros.
Culpables y beneficiarios.
Pérez Quintana, de la FRAM, lamenta que los bancos, “que han creado esta situación, al tasar en su día los pisos a precios desmesurados, no sólo se van de rositas, sino que incluso se están beneficiando con la situación”. Para luchar contra esta desproporción, se han ido formando plataformas de apoyo y grupos de afectados, a lo largo de la geografía española, que han puesto en marcha todo tipo de iniciativas, desde movilizaciones a jornadas, pasando por reuniones con los partidos políticos y denuncias de la situación española en Bruselas.
Una de ellas es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha publicado un manifiesto denunciando a los bancos y exige al Gobierno “parar los desahucios hasta que se encuentre una solución a la situación de los afectados“. La PAH, que también exige que se regule la dación en pago y puso en marcha una campaña de firmas para su presentación en el Parlamento Europeo, denuncia que “la banca sobrevaloró la vivienda, inflando el precio y aumentando la deuda contraída” además de aplicar “comisiones abusivas o la contratación obligada de seguros caros e inútiles”. La asociación denuncia, además, en su manifiesto las ayudas a la banca mientras “las familias endeudadas no han tenido más remedio que cumplir sus compromisos mientras han tenido empleo. Ahora que ya no lo tienen, la respuesta de los bancos ha sido renegociar a su favor o la ejecución hipotecaria fulminante”.
Pérez Quintana ve natural esta emergencia de grupos y plataformas de defensa de los hipotecados ya que, en su opinión, “la casuística de abusos es muy amplia, entre ellas el tema de las hipotecas con suelo, lo que me parece inaudito aunque legal”. Esto, por no hablar de los llamados avales cruzados, un sistema creado por algunos intermediarios hipotecarios de los que proliferaron durante el boom por las calles de toda España, y que van a ser denunciados ante los tribunales por algunos despachos de abogados. “Obligaban a la gente, para comprar, a avalar a otros que no conocían”, explica el responsable de la FRAM. Pero si a algunos les puede parecer comprensible que el Gobierno central y los autonómicos hayan preferido no hacer cambios legislativos que pongan a la banca en un brete, menos lo es que nadie parezca haber perdido el sueño por los millares de familias desahuciadas. “En Madrid nadie ha buscado soluciones para esa gente, ni la autonomía ni los ayuntamientos”, asevera Pérez Quintana. Eso, pese a que estas administraciones disponen de pisos y locales vacíos en los que podrían alojar, al menos temporalmente, a estos desahuciados. “Los sistemas de alquiler de los ayuntamientos –opina Sonia Olea, responsable de Vivienda de Cáritas–, “no han sido diseñados para ellos: te piden nómina, contrato fijo, etcétera”.
Pero no todo es negativo. Algunos factores empiezan a jugar a favor de los morosos y potenciales ejecutados. Pese al teórico interés de algunos bancos por hacerse con los pisos y procurar mantenerlos hasta que el mercado se recupere y los puedan vender a mejor precio, algunas entidades están ya al límite de las posibilidades de absorción de ladrillo marcadas por el Banco de España. La extrema dificultad para deshacerse de los pisos embargados en las subastas ha contribuido a insuflar en los bancos una mayor dosis de realismo en el trato con sus morosos. “Han visto que no venden las casas –apunta Pedro Javaloyes, portavoz de Agencia Negociadora, una empresa que intermedia entre bancos y clientes en temas como la renegociación de sus deudas–, que éstas bajan de precio y se ven obligados a incorporar esas minusvalías al balance, lo que les empuja a buscar una solución con sus clientes”.
Fórmulas para hacerlo, si hay voluntad, las hay y abundantes: rebajas en el préstamo, moratorias en el pago y períodos de carencia, novación de la hipoteca con condiciones más favorables, incluso en algunos casos se acepta la dación en pago con olvido de intereses y costas, todo para evitar hacerse aún con más pisos de los que ya guardan en sus balances.
Pérez Quintana opina igual y señala: “Sólo cuando ven que el moroso no tiene la menor posibilidad de pagar, los bancos avanzan con la ejecución y el desahucio”, aunque muchos “ya se están retrasando
